PAZ EN COLOMBIA

EL SÍ DEL NO

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Por Héctor Peña Díaz

El miedo le ganó a la esperanza por media nariz. Pero ello no es más que la fotografía de un estado de ánimo, el registro de una división artificial con que suele manipularse los sentimientos de la gente. El no, paradójicamente,  se disuelve con su triunfo en las urnas porque no basta decir no, es necesaria una acción constructiva, un reemplazo de lo que se rechaza, si es que en verdad había unas razones plausibles para negar el Acuerdo entre el gobierno y las Farc.

Como de costumbre las minorías se imponen porque son ellas las que van a las urnas. Si los votantes efectivos en el plebiscito corresponden al 36% de los electores habilitados y la votación se tradujo casi en un “empate técnico”, el resultado matemático, aunque no político,  es que solo el 18% de los colombianos negaron los Acuerdos. La abstención de más del 60% indica que hay una nación que no se siente interpelada por los llamados de la clase política, porque su experiencia les ha dicho que a través del voto todo seguirá igual: los mismos con las mismas.

Las razones que explican el no de las urnas son variadas y complejas, entre otras cosas, porque muchas de ellas habría que buscarlas en el contrapunto de los amores y odios con que se desenvuelve la vida política en Colombia. Voy a detenerme en una razón: se supone que se convocó a los ciudadanos para que fungieran como jueces de un acuerdo y dieran su veredicto. Lo primero que debe hacer un juez es leerse el expediente, decidir sobre la verdad que allí está contenida y no dejarse influir por la opinión de terceros ni por sus propias pasiones y prejuicios. Se requiere ponderación y equilibrio, serenidad del ánimo para juzgar, de ahí que muy pocos reúnan las condiciones para ser jueces. No es exagerado afirmar que la mayoría de los votantes no leyeron en detalle el Acuerdo y sin embargo, decidieron sobre su contenido y validez. ¿Cómo lo hicieron? De oídas, por lo que otros les dijeron, en uno u en otro sentido, exacerbados por sus particulares fobias y al final se comportaron más como los hinchas de un equipo de futbol que cómo los árbitros que estaban llamados a ser.

Pero hay que profundizar más en la explicación. Los pueblos son como niños perdidos en una feria del brazo de su madre y lo son mucho más si son vulnerables en su educación política, pues terminan siendo fácilmente manipulados por aquellos que tienen claro cuáles son sus intereses y cómo defenderlos. No hubo condiciones para un debate público del Acuerdo, después de cuatro años de negociaciones, el gobierno lo presenta a última hora para que en un término angustiosamente breve la gente lo leyera y ponderara, presentándose mucho confusión y en lugar de un conocimiento básico del Acuerdo se genera una reacción en cadena de fantasías y presuntas consecuencias catastróficas que implicarían su implementación.

Dijimos que el no es insuficiente, que es indispensable saber cuál es el otro acuerdo que se deriva del no o qué puntos del actual Acuerdo serían reformables sin que el mismo pierda su razón de ser: la transformación de un aparato armado en un movimiento político. Una de las propuestas que empieza a ventilarse es que a la mesa de dos patas de La Habana habría que agregarle otra pata: la del Centro Democrático. Si bien una mesa de tres patas es más estable que una de dos, como están las cosas esto  conllevaría una nueva exclusión, pues la fuerzas del cambio social (no se me ocurre otra denominación) solo estarían “representadas” por las Farc, lo cual, en el mejor de los casos, estaría por verse.

Pero entonces ¿cuál es la salida? Veamos algunas señales. El mismo Acuerdo entre el gobierno y la guerrilla propone en uno de sus partes un «Pacto Político Nacional que deberá ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por el fenómeno, busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos». En la primera declaración de Uribe después del plebiscito señala que desea «apostar a un gran pacto nacional» basado en el respeto a valores con la libertad, la justicia institucional y el pluralismo. Otras corrientes políticas expresan que es la hora de una asamblea nacional constituyente que resuelva el impasse político y consolide un nuevo orden institucional.

Más allá de que más de un actor político se ponga la camiseta blanca de la paz para ocultar sus verdaderos propósitos, el  triunfo del no puede abrir en la práctica una perspectiva inesperada: la experiencia de un diálogo entre actores tradicionalmente enfrentados como la extrema derecha y la guerrilla, los primeros bocetos de un laboratorio constituyente.

Asimismo el resultado del plebiscito puede generar las condiciones para un debate público más pluralista y razonable, siempre y cuando no sean exclusivamente las élites de las fuerzas políticas tradicionales las que decidan el rumbo a tomar, pues existe la posibilidad de que sus diferencias terminen imponiéndose llevándose de paso todo el andamiaje de paz construido hasta la fecha.

Las corrientes que apoyaron el sí a los Acuerdos de paz no pueden quedarse al garete de los acontecimientos; es vital reforzar la movilización popular por la paz y presionar a los actores de la guerra para que se resuelva en términos prácticos y sensatos los dilemas planteados por el no.

No es fácil reformar los Acuerdos, menos cuando ya han sido firmados, y cuando los que asumen la vocería de la necesidad de su reforma, parecen más bien expresar en sus razones la necesidad de otro acuerdo que se ajuste a lo ellos interpretan que quiso decir el pueblo en el plebiscito.

Pero los hechos son tozudos. Los miembros de las FARC son colombianos (hay que advertirlo por si alguien se le olvida) y como su apuesta es hacer política en la democracia imperfecta que tenemos deben hacer una lectura crítica de lo que ocurrió el domingo dos de octubre y no hacer de cuenta de que ese día no pasó nada.

Por ejemplo, en materia de justicia transicional, se podría hacer unas adiciones al Acuerdo en el sentido de establecer un control jurídico internacional sobre las sentencias del Tribunal y su cumplimiento para que lo allí pactado se cumpla efectivamente y no se convierta en penas intrascendentes algunas de las restricciones de la libertad contempladas para citar un elemento problemático.

De igual modo, si el eje central de la justicia transicional es la verdad, la responsabilidad  y reparación que asuma la persona que acuda o sea llamada a sus instancias de investigación y juzgamiento, mal podría sostenerse que alguien que no cumpla ninguna de esas condiciones y sea condenado a penas entre 15 y 20 años pueda preservar su elegibilidad política, pues estaría con su conducta excluyéndose de cualquier tratamiento favorable contemplado en los Acuerdos. Y en ese sentido que a mi juicio debe ser interpretado el artículo 36 del Acuerdo que consagra que «la imposición de cualquier sanción… no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio, activo o pasivo, de participación política…»

En síntesis, es la hora de la POLÍTICA en mayúsculas y la deshora de los intereses partidistas y particulares que tanto daño le han hecho a nuestra sociedad.

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