DEBATE CONSTITUCIONAL

AMICUS CURIE (ACUERDO DE PAZ: ACUERDO ESPECIAL A LA LUZ DEL DIH

AMICUS CURIE

 

 

Doctor

Jorge Iván Palacio Palacio

Magistrado Corte Constitucional

  1. S.                                 D.

 

 

Ref.: Acción Pública de Inconstitucionalidad Radicada D-11329 28 de Marzo de 2016

 

Norma Acusada: Resolución 339 de 2012, por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo, se designan delegados del Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones. Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y Duradera ente el Gobierno nacional y la Guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba) el 26 de agosto de 2012.

 

Actor: Montealegre Lynett Eduardo

 

 

Honorable Magistrado Ponente,

 

Los firmantes nos constituimos en Amicus Curie en la demanda de inconstitucionalidad de la referencia con el fin de poner a su consideración algunas opiniones que puedan enriquecer la sustentación de la Corte en la decisión que debe tomar para decidir la de petición que solicita el Demandante Dr. Eduardo Montealegre Lynett.

 

Pide el Demandante que la Corte “declare que la expresión “acuerdos”, contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, debe entenderse en el sentido según el cual el acuerdo general, los acuerdos temáticos alcanzados entre las partes y el acuerdo final, son acuerdos especiales a la luz del derecho internacional humanitario y que por esa misma razón, es decir, por desarrollar obligaciones del derechos internacional humanitario, hacen parte del bloque de constitucionalidad.”

 

Aunque el accionante hace referencia al primer momento jurídico de este acuerdo plasmado en la Resolución 339 de 2012 “por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo, se designan delegados del Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Presidente de la República,  solicitamos que la Honorable Corte se pronuncie igualmente sobre  el Acuerdo Final denominado “Acuerdo final para la terminación del conflicto  y la construcción de una    paz estable y duradera” del 24 de Agosto de 2016 por entender que se trata de dos momentos de un mismo Acuerdo Especial

 

El problema jurídico al que intentaremos dar respuesta con esta argumentación es el siguiente: ¿Cuáles son las características del Acuerdo Final, que integra el Acuerdo General y los Acuerdos temáticos, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, que permiten que se le considere como un Acuerdo Especial en el marco del artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949?

 

Nuestra contribución se expresa en argumentos relacionados con las funciones presidenciales previstas en la Constitución Política Colombiana respecto de la garantía de los derechos humanos en el orden interno, y de las obligaciones que, como jefe de Estado, le corresponden en cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario ratificados por Colombia. Nos proponemos desarrollar los siguientes temas: i) El Acuerdo final “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” celebrado entre el Gobierno y las FARC-EP, contiene obligaciones que responden a la garantía de las condiciones de ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Colombiana y en los Tratados Internacionales de derechos humanos; ii) la obligación de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el Territorio Nacional; iii) El Acuerdo Final desarrolla el derecho internacional humanitario, especialmente lo establecido en el art. 3 común y en el Protocolo Adicional II. Por consiguiente es un acuerdo especial, en el marco del artículo 3 común a los convenios de Ginebra; iv)  la responsabilidad del Estado en la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos y del DIH y los efectos que tiene el Acuerdo general, los acuerdos temáticos y el acuerdo final para alcanzar la paz estable y duradera, en el desarrollo de esta responsabilidad.

 

  1. El Acuerdo Final entre El Gobierno Colombiano y las FARC-EP firmado el 26 de Agosto de 2016, contiene obligaciones dirigidas a la garantía de derechos humanos consagrados en la Constitución Política Colombiana y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

 

Un recuento somero de los derechos consagrados en el título segundo de nuestra Constitución Política nos permite enunciar los derechos cuya realización se hace efectiva mediante la aplicación inmediata del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Enunciamos los siguientes: Artículos 11 derecho a la vida, 12 derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 13 derechos a la libertad y la igualdad, 22 derecho a la paz, 24 circulación por el territorio nacional, 25 derecho al trabajo, 40 derecho a la participación, 43 igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y protección a  la las mujeres cabeza de familia, 44 derechos de los niños y las niñas, corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado en la garantía de los derechos de la infancia y prevalencia de los derechos de los niños y niñas sobre los derechos de los demás, 45 protección y formación integral de los y las adolescentes, 60 acceso a la propiedad y 64 acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.

 

La finalización del conflicto es condición indispensable para el ejercicio de esos derechos por parte de quienes se vieron afectados por el conflicto armado y ninguna medida, será eficaz mientras persista la confrontación, y, en general, por parte de todos los colombianos y las colombianas víctimas indirectas o potenciales de la violación de sus derechos. El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,  tiene características especiales que garantizan el goce y restablecimiento de estos derechos con son: la declaración expresa de la aplicación del enfoque de los derechos humanos, la perspectiva de género y el enfoque territorial. Estos principios aseguran el reconocimiento de la igualdad en la titularidad de los derechos de todas las personas (hombres y mujeres, habitantes rurales y urbanos, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y viejos) y la igualdad de oportunidades para que todos y todas puedan desarrollar sus proyectos de vida individuales y colectivos con autonomía y libertad. Los intentos por garantizar estos derechos y así superar los estados de desigualdad recurrentes en el país no han sido lo suficientemente eficaces y es así como este acuerdo adquiere relevancia para cumplir con los postulados del Estado Social de derecho establecido en el artículo 1º de la Carta Fundamental. Es obligación del Estado, reconocer, respetar, promover, proteger, defender y restablecer los derechos conculcados. Es obligación del Presidente de la República garantizar los derechos y orientar las políticas públicas para la realización de los mandatos que le impone la Constitución y los tratados internaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han sido ratificados por Colombia.

 

  1. Obligación de aplicar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales -DIH- en el territorio nacional.

 

Los tratados internacionales ratificados por Colombia, en este caso los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se aplican en el territorio nacional porque en virtud de su aprobación por el Congreso de la República, se convierten en ley nacional.  El pacto de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales entraron en vigor para Colombia mediante la ley 74 de 1.968. Los convenios de Ginebra entraron en vigor para Colombia mediante la ley 5 de 1.960 y el protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra entró en vigor para Colombia en virtud de la ley 171 de 1.994. Como según este procedimiento de los tratados se convierten en leyes de la República, una autoridad competente podría aplicar la ley 74/68, o  la ley 5/60 o la ley 171 de 1.994 sin recurrir a otras figuras. Pero la doctrina ha desarrollado la figura del bloque de constitucionalidad con fundamento en los artículos 9, 53, 93, 94 y 214, de la Carta Fundamental. Según la Corte Constitucional en la sentencia C-225 de l.995, “… El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu.”

 

 

El artículo 93 de la Constitución afirma que los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Este es el punto de partida para conformar el bloque de constitucionalidad y es la manera como los tratados internacionales de derechos humanos y el DIH adquieren el rango de principios aplicables en el control de constitucionalidad. La sentencia citada señala que “de esa manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas, con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción”[1]

 

Tenemos, en consecuencia, dos formas de aplicar, los tratados internacionales de derechos humanos, por una parte desde su valor equiparable a la Constitución política para resolver el dilema entre Constitución y tratados internacionales, y como leyes de la república especialmente en su utilización como fuente legal en la decisiones de las autoridades judiciales y administrativas que resuelven conflictos sobre los derechos humanos.

 

Estas vías le permiten al Estado Colombiano dar cumplimiento a su obligación de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos y el DIH en todo el territorio nacional. El hecho de que estos tratados se conviertan en leyes y que formen parte del bloque de constitucionalidad, los convierten en normas superiores de obligatorio cumplimiento en el Estado Social de Derecho que describe la Carta Política Colombiana.

 

Además dicha sentencia establece que “….el artículo 3º común señala que las partes en conflicto podrán realizar acuerdos especiales con el fin de vigorizar la aplicación de las normas humanitarias.  Tales acuerdos no son, en sentido estricto, tratados, puesto que no se establecen entre sujetos de derecho internacional público sino entre las partes enfrentadas en un conflicto interno, esto es, entre sujetos de derecho internacional humanitario…  Sin embargo, tales acuerdo responden a una pretensión política perfectamente razonable, puesto que la vigencia práctica y efectiva del derecho internacional humanitario depende, en gran medida, de que exista una voluntad y un compromiso reales de las partes por respetarlo.”

 

El acuerdo final celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP contiene compromisos específicos que permiten desarrollar acciones para procurar en acceso a la tierra de manera individual y colectiva y procurar el desarrollo integral de la población campesina y así disminuir en buena medida las desigualdades que endémicamente están instaladas entre el campo y ciudad y entre grandes propietarios de tierras y campesinos desposeídos o desplazados por el conflicto que azotó al país durante más de medio siglo; comprende además, la obligación de garantizar la igualdad de los géneros y el respeto a todas las personas sin distinciones por razones de sexo, opciones sexuales, edad, ubicación territorial o pertenencia a pueblos indígenas, pueblos rhom, o afrocolombianos. Propone además, la ampliación de la democracia desde el punto de vista de la participación de todos y todas las colombianas en los diferentes campos de interés y en particular de quienes dejan las armas para incorporarse a la vida civil. Es pertinente insistir en que la dejación de las armas propuesta en el acuerdo tiene un propósito específico que es la incorporación a la vida social, económica, cultural y política del país. Como colombianos y colombianas que son, tienen el derecho de participar en las diferentes manifestaciones de la vida social de la nación. No se puede alimentar la marginalidad de quienes se integran en primer lugar porque se estarían incrementando y estimulando violaciones a los derechos humanos de las personas y se estaría propiciando la criminalidad, como ha sucedido en otros procesos de paz en los cuales no se han tomado las medidas adecuadas para que la dejación de las armas tenga estímulos de integración y regreso a la vida social como corresponde a los seres humanos que somos y a la cosmovisión integral propuesta en el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Quienes dejan las armas y retornan a la vida civil son seres humanos que regresan y vuelven para recuperar los ideales de esta democracia amplia y comprensiva en donde caben todas las diferencias, las de quienes hemos vivido con el más puro espíritu pacifista y quienes en algún momento pensaron que hacer funcionar las armas para transformar el mundo era la vía acertada; desviaron sus propósitos, nos sometieron a vivir en la zozobra, el miedo y toda suerte de incertidumbres, pero hoy regresan para someter sus ideas al escrutinio nacional por intermedio de la palabra, y esta circunstancia abre los espacios para el ejercicio de la democracia con oposición para que la diversidad de criterios sea la garantía de la igualdad entre todos los colombianos y las colombianas desde el punto de vista de sus pensamientos, opiniones, opciones sexuales, credos y culturas. El acuerdo garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; contempla las medidas que deben ser expeditas para que se cumplan y se restablezcan los derechos de las víctimas. En nuestro parecer, no puede haber acuerdo entre un Estado que por acción u omisión no ha podido garantizar la tranquilidad y el bienestar de la población, por más de medio siglo, para solo considerar el último período de las violencias políticas que han azotado el país desde los inicios de la era republicana, y un grupo armado que, con sus acciones bélicas, ha generado tantas víctimas, tanto dolor y sufrimiento a millones de colombianos y colombianas, sin que esas víctimas estén en el centro de la consideración para que sean restablecidos todos sus derechos, inclusive el derecho a que los actores les pidan perdón. Las víctimas nos han dado ejemplo de entendimiento, de comprensión y nos han enseñado a anteponer el interés general de la sociedad que necesita vivir en paz, a su dolor, a su ira, a su derecho al rencor. Las víctimas no quieren más víctimas y nosotros y nosotras debemos seguirlas, estamos obligados a hacerlo, en este propósito. Gracias a su nobleza, hoy podemos pensar que la puesta en marcha de este acuerdo puede permitirnos construir un país que pueda vivir en dignidad y formar parte de las naciones que para dirimir sus diferencias y sus conflictos usa los mecanismos democráticos y ejerce la política a través del discurso argumentado en los foros y demás escenarios públicos. El acuerdo final, comprensivo de todos los temas que integran el acuerdo general que orientó la mesa de negociaciones es un medio para construir un país en donde la sociedad en su conjunto tendrá los elementos para vivir mejor, para hacer de la paz el modo de vida que le da razón de ser a la democracia que le heredaremos a las próximas generaciones.

 

 

  1. El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera es un acuerdo especial, en el marco del artículo 3 común a los convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional II.

 

El DIH, hace parte del Ius Cogens. El artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 señala que las normas humanitarias son: “…obligatorias para los Estados y las partes en conflicto, incluso si éstos no han aprobado los tratados respectivos, por cuanto la imperatividad de esta normatividad no deriva del consentimiento de los Estados sino de su carácter consuetudinario.”

De los convenios de Ginebra y de sus protocolos adicionales, se desprenden obligaciones para los Estados, una de las cuales es la de buscar acuerdos especiales para resolver situaciones particulares relacionadas con la protección de los combatientes, de la población civil y de los bienes públicos. Los cuatro convenios contemplan y, en especial el artículo 3 común establecen la posibilidad de acuerdos especiales para la aplicación de los convenios y de los protocolos adicionales. Es pertinente recordar la relación entre el DIH y los derechos humanos y la necesidad de proteger a las víctimas del conflicto, que se establece en el preámbulo del protocolo adicional II. Afirma este instrumento: “recordando, así mismo, que los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental. Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas del conflicto armado” Esta relación es un llamado imperativo a las partes actoras del conflicto a minimizar los efectos de la guerra pero también a ponerle fin al conflicto puesto que ésta es la protección por excelencia que se le puede brindar a la población civil. El fin del conflicto con las FARC-EP en Colombia se ha concertado en las conversaciones de La Habana (Cuba) y se ha plasmado en el Acuerdo final cuya naturaleza se analiza. Este acuerdo tiene que considerarse como un acuerdo integral que incorpora el acuerdo general de agenda que es su punto de partida, los acuerdos temáticos y el acuerdo final que los incorpora y los anexos.

 

Este acuerdo cumple con los imperativos consagrados en el preámbulo del protocolo adicional II que fueron citados, es decir, tiene en cuenta el enfoque de los derechos humanos y protege especialmente los derechos de las víctimas. Por consiguiente, es un acuerdo especial que pone en práctica el mandato del artículo 3 común. Además, es pertinente recordar lo establecido en el artículo 80 del protocolo adicional I que establece que “las Partes en conflicto adoptarán sin demora todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los convenios y del presente protocolo”.

 

El acuerdo final en su estructura, en sus contenidos y en las obligaciones que establece desarrolla los convenios de Ginebra en lo relativo al art. 3 común y su posterior desarrollo consagrado en el protocolo adicional II que rige en Colombia a partir de la expedición de la ley 171 de 1.994. Estas disposiciones del DIH y su relación con los derechos humanos, están desarrolladas en el acuerdo final y por ello es pertinente su declaración como acuerdo especial en el marco de lo establecido en el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949. El siguiente cuadro ejemplifica esta función del Acuerdo Final.

 

Síntesis de las obligaciones que hacen del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, un Acuerdo Especial

Puntos del Acuerdo FARC – EP y Gobierno Colombiano Consideraciones sobre su categoría de “acuerdo especial”
 

1.Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.

 

El punto número 1 del Acuerdo, se ocupó por esgrimir lo que sería la estructura básica de una nueva forma de distribución de tierras y de fortalecimiento de la política agraria del país. Las partes, desarrollan a lo largo del texto una serie de programas que beneficiarían a la población campesina, y cuyo objeto a mediano y largo plazo se centra en la transformación de la realidad rural colombiana, la integración de regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el disfrute de los derechos de la población con un enfoque de género (diferencial), la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia.

 

De ese modo, se desprende una serie de garantías para los hombres, mujeres, niños, adultos mayores y miembros de comunidades vulnerables que han sido víctimas del conflicto. Y se pretende que, a través de los programas y planes sociales, se mejore su calidad de vida en relación con la población urbana.

 

Señalados estos elementos, es evidente que el acuerdo bajo el entendido de la voluntad política y humanitaria, pretende salvaguardar los derechos de la población campesina abordando un enfoque diferencial en la ejecución de los planes. Así las cosas, se ajustaría al texto del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra en el sentido de garantizar a la población no combatiente elementos que les permitan superar las secuelas que ha dejado el conflicto y los horrores de la guerra a través del otorgamiento de subsidios y planes de desarrollo especializados, en conjunto del acompañamiento estatal. Desde luego, la aplicación del DIH no termina con la firma del acuerdo de paz, sino que continúa acompañando los procesos durante su etapa de postconflicto.

 

Ahora bien, el estudio del punto 1 del Acuerdo no se agota allí. El artículo 6 común a los Convenios de Ginebra enuncia que los acuerdos especiales pueden ser celebrados sobre asuntos específicos que cobren relevancia y pertinencia en el marco de un conflicto armado en particular. Siguiendo esa línea, vemos que, tanto la guerrilla de las FARC EP como el Gobierno Nacional reconocen el uso y tenencia de la tierra como uno de los factores principales que llevo a la conformación y consolidación de ese grupo.

 

La historia colombiana ha dejado marcada la constante tensión entre quienes detentan la tierra y quienes alegan tener su legítimo derecho para su explotación, lo que ha impulsado el conflicto a lo largo de los años (grupos guerrilleros y paramilitares). Siendo así, resulta plausible y necesario que las parte enfrentadas traten de zanjar sus diferencias para proteger y otorgarles a los no combatientes acceso a programas sociales para mejorar sus condiciones de vida.

 

En armonía con lo anterior, se puede entender que las parte crean nuevas obligaciones que desbordan los límites del DIH y robustece la situación social y cultural de las víctimas. De esta forma, se plantea una solución inicial a la problemática del uso de la tierra, que otrora fue relevante como causa del conflicto, y a su vez, se protege la población rural de las secuelas de la guerra en un escenario de postconflicto.

 

Por las razones expuestas, consideramos que el punto 1 del Acuerdo se ajusta a las características del acuerdo especial y como tal debe ser incluido en el bloque de constitucionalidad bajo la categoría de acuerdo especial en el marco del DIH.

 

 

 

2. Participación en política: Apertura democrática para construir la paz.

 

Los Convenios se ocupan de asuntos relativos a la no discriminación por filiación u opiniones políticas en el trato a las personas combatientes y no combatientes. Partiendo de ese presupuesto, encontramos que el punto 2 del Acuerdo se cimienta en la elaboración y estructuración de mecanismos que permitan de forma expedita, en el escenario de postconflicto, la inclusión de los grupos sociales que se encuentran en oposición al Gobierno Nacional.

 

La segmentación política, es una de las causas de mayor relevancia y pertinencia en el conflicto armado colombiano. Las partes, FARC EP y Gobierno Nacional entienden el punto 2 como una extensión del DIH y sus principios al aumentar el umbral de protección y garantías en el trato de quienes tienen opiniones políticas variadas.

En este mismo sentido, la proscripción de la violencia como método de acción política garantiza el establecimiento de un orden jurídico institucional en paz, con participación, igualdad de trato, y no discriminación. Eliminándose así, las barreras para la participación política a grupos como organizaciones y movimiento sociales, mujeres, jóvenes, LGBTI, y se facilita la creación de nuevos partidos políticos.

 

De esta forma, las partes renuncian de común acuerdo a toda conducta que en el marco del conflicto armado interno haya imposibilitado u obstruido la participación en política de estos grupos, buscando así el establecimiento de la paz.

 

En suma, el Acuerdo acude al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos al invocar de forma implícita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mediante la garantía para el ejercicio de los derechos políticos, se logra otorgar mayores niveles de accesibilidad a las poblaciones históricamente marginadas y a quienes han hecho parte del conflicto armado interno, se evita la discriminación por razones de opinión política, y se permite su visibilización y promoción en el escenario político. Es entonces la participación política una norma de DDHH introducida en el Acuerdo que permite la ejecución de principios y directrices aún más amplios que los señalados por el DIH.

 

Tal como se plantea en el Acuerdo, reiteramos que se crean nuevas obligaciones que despliegan la igualdad de trato y no discriminación por razones políticas, enmarcándolas en el amparo DIH (principios de ius cogens). Asimismo, las partes entrañan la participación en política como un mecanismo para superar la guerra, y eliminar una de las causas recientes del conflicto, es decir, el no escuchar al que opina diferente al gobierno.

 

Por las razones expuestas, consideramos que el punto 2 del Acuerdo se ajusta a las características del acuerdo especial y como tal debe ser incluido en el bloque de constitucionalidad bajo la categoría de acuerdo especial en el marco del DIH.

 

4. Solución al problema de drogas ilícitas.

 

Las FARC EP y el Gobierno Nacional en el punto 4 del Acuerdo reconocen que la problemática de las drogas y su comercialización es un asunto transversal y social que requiere encontrar una solución consensuada en la sociedad. Asimismo, identifican que el narcotráfico ha servido para financiar el conflicto armado interno, y que, en un escenario de paz, se deben encontrar mecanismos para desestimar esta actividad sin desconocer con ello el uso licito, médico, cultural o tradicional de algunas sustancias psicoactivas.

 

En otras palabras, el Acuerdo plasma la voluntad del gobierno en conjunto con las FARC EP, donde evalúan y reconocen que el narcotráfico es un problema estructural dentro de la guerra, y que, con el fin de llegar al postconflicto, resulta necesario que sea erradicado. Este es un asunto que se enmarca en el artículo 6 común a los Convenios de Ginebra en el sentido que, las partes entrañan el narcotráfico como una de las causas coyunturales de la guerra, y proponen herramientas de común acuerdo para abandonarlo y superarlo.

 

Es de apreciar, que las partes buscan culminar una de las prácticas que más le ha reprochado el Gobierno Nacional a las FARC EP, y ambas en conjunto, desarrollan planes y esquemas para su no repetición. Estas nuevas obligaciones, se pactan en el sentir propio de las partes y buscan por medio de la colaboración recíproca, el esclareciendo de la relación entre drogas y conflicto.

 

Por las razones expuestas, consideramos que el punto 4 del Acuerdo se ajusta a las características del acuerdo especial y como tal debe ser incluido en el bloque de constitucionalidad bajo la categoría de acuerdo especial en el marco del DIH.

 

 

5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos.

 

Los Convenios fueron concebidos para aliviar la suerte de los combatientes y no combatientes en el marco de situaciones de guerra. Por eso, al buscarse la protección de las víctimas mediante acuerdos especiales se reafirma la confianza recíproca entre las FARC EP y el Gobierno Nacional para buscar la paz.

 

Acá, el Acuerdo se centra en una serie de disposiciones que engloban no solo elementos del DIH, sino que, en su núcleo se condensan normas de DDHH, las cuales fuguen como una herramienta para lograr la concreción del DIH, es decir que, a través de los DDHH se logra aplicar los principios del DIH.

 

Mal haría entonces, en permitirse que garantías para las víctimas de un conflicto sean sometidas al escrutinio popular, cuando la función de los DDHH, del DIH y del derecho constitucional, es el de proteger a quienes han resultados afectados por las atrocidades del conflicto y de la guerra. Este, es uno de los efectos de los acuerdos especiales, al tratar asuntos tan sensibles como los derechos que le asisten a las víctimas del conflicto, no pueden ser sujetos a transacción alguna, y motu proprio hacen parte de la protección a la persona y, en consecuencia, del bloque de constitucionalidad.

 

Este es el centro del acuerdo, el trazado de derechos universales que tiene toda persona víctima del conflicto funciona como el camino catalizador que lleva a superar las imposiciones mínimas del DIH para alcanzar así la construcción de la paz. Pero, no sólo hace parte del acuerdo especial la declaración de derechos que tienen las víctimas, sino que se incluye toda la estructura para su materialización (mecanismos punto 6), lo que les proporciona seguridad jurídica a las víctimas sobre las garantías para alcanzar la satisfacción de sus derechos.

 

El acuerdo prevé la incorporación de la jurisprudencia internacional a interamericana sobre DDHH, la prevención de las graves violaciones al DIH y desarrolla en sus consideraciones y articulado los estándares señalados sobre verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. Ahora bien, pese a sí ser posible mejorar el estándar de protección acordado, reiteramos, no resulta viable su disminución por razones de conveniencia política, consenso popular, o prácticas gubernamentales, de ahí que, su inclusión en el bloque de constitucionalidad es perentoria las víctimas del conflicto.

 

Por las razones expuestas, consideramos que el punto 5 del Acuerdo se ajusta a las características del acuerdo especial y como tal debe ser incluido en el bloque de constitucionalidad bajo la categoría de acuerdo especial en el marco del DIH.

 

6. Implementación, verificación y refrendación.

 

Encontramos que el articulado de los Convenios de Ginebra propende por la cooperación internacional para la salvaguarda de la dignidad de las personas (DDHH) y la protección del DIH. Como es posible identificar, en el texto del acuerdo se acude en diversas ocasiones al control y supervisión de organizaciones internacionales para la implementación, ejecución y seguimiento del acuerdo, generando así, obligaciones internaciones, encaminadas a la protección de los derechos de las víctimas.

 

Este punto creó obligaciones que van más allá del DIH que blindan con mayor protección y supervisión internacional a la persona, así como compromete distintos entes en la protección de los DDHH en el territorio nacional.

 

El Estado colombiano, ha invitado a diversos sujetos de derecho internacional (6.3.2) a servir como garantes del proceso. Estos actores, han expresado a través de actos jurídicos unilaterales su intención de acompañar el proceso de paz y su etapa de postconflicto, en especial, gran número de ellos, son entidades que dedican su funcionamiento a la protección de los DDHH y del DIH, por lo cual, es aceptable inferir que, los procedimientos acordados garantizan estándares mínimos de DDHH y se materializan como esfuerzos de las partes por extender los efectos del DIH.

 

Siendo así, al elevar este punto a la categoría de acuerdo especial se sitúan los mecanismos de implementación y verificación como elementos necesarios para la materialización de la declaración de derechos hecha a lo largo del texto del Acuerdo. Finalmente, instamos a la H. Corte Constitucional a entender que la refrendación brinda legitimidad política el Acuerdo, pero no le resta su carácter de acuerdo especial a la luz del DIH.

 

Por las razones expuestas, consideramos que el punto 6 del Acuerdo se ajusta a las características del acuerdo especial y como tal debe ser incluido en el bloque de constitucionalidad bajo la categoría de acuerdo especial en el marco del DIH.

 

Fuente: Elaboración por el equipo del Amicus Curiae. 2016

 

El cuadro muestra como el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, debe ser considerado como un Acuerdo Especial.   Recordemos lo que dice la Corte acerca de estos Acuerdos Especiales: “Estos acuerdos buscan asegurar “una mayor aplicación progresiva de las normas humanitarias del protocolo II.  En tal contexto, la realización de los acuerdos especiales puede fortalecer esos compromisos entre las partes y favorecer la puesta en marcha de mecanismos de verificación, que logren, en la práctica, un creciente cumplimiento de las obligaciones humanitarias por las partes enfrentadas.  Por ello, la Corte Constitucional coincide con el Ministerio Público en que el Gobierno, quien es el responsable de la preservación del orden público (CP. Art 189 numerales 3º y  4º), puede efectuar tales acuerdos especiales, con el fin de hacer más efectiva la aplicación del derecho internacional humanitario y su cumplimiento real por las partes enfrentadas.  En efecto, esos acuerdos especiales son no sólo una clara posibilidad jurídica contemplada expresamente por el artículo 3º común, cuya vigencia no se discute, sino que, además, como los señala el Ministerio Público, son útiles para aliviar la suerte de las víctimas de la guerra, favorecer consensos y acrecentar la confianza recíproca entre los enemigos para la búsqueda de la paz.” (Corte Constitucional Sentencia C-225 de 1995)

 

 

  1. La responsabilidad del Estado en la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos y del DIH y los efectos que tiene el Acuerdo general, los acuerdos temáticos y el acuerdo final para alcanzar la paz estable y duradera, en el desarrollo de esta responsabilidad.

 

 

 

En el orden interno, la Constitución Política establece que es deber del Estado prevenir los conflictos y cuando éstos existen, buscar las salidas institucionales que permitan restablecimiento del orden público y el regreso a la tranquilidad. También habilita al Primer Mandatario para buscar caminos, procedimientos y tomar medidas, que pongan fin al enfrentamiento armado interno y sus consecuencias adversas como el desplazamiento forzado, las masacres y demás violencia indiscriminadas, en desarrollo de los principios constitucionales y en ejercicio del bloque de constitucionalidad.

 

Ante las Instancias internaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, el Estado es el agente responsable de su reconocimiento, promoción, protección y defensa en todo el territorio nacional. Esta responsabilidad no es transferible. Lo que sí puede el Estado es ordenar el respeto y la garantía de los derechos a otros actores mediante el principio de corresponsabilidad, para cumplir con sus obligaciones como garante de los derechos humanos y para poner en marcha el DIH. Un claro ejemplo de esta gestión corresponsable de los derechos humanos se encuentra en el artículo 44 de la Constitución Política que establece los tres agentes corresponsables en la vigencia de los derechos de los niños y las niñas que son: la familia, la sociedad y el Estado. El principio de corresponsabilidad es un mecanismo que le permite al Estado hacer operativa su responsabilidad, sin renunciar a ella, ni depositarla en otros agentes de manera definitiva. Nada exculpa al Estado de la responsabilidad que tiene de poner en marcha los instrumentos internaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El Estado está obligado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos en todo tiempo y lugar y para ello tiene que poner en marcha las disposiciones del DIH mientras dure el conflicto armado y ante todo tiene la obligación de tomar las medidas pertinentes para ponerle fin a los conflictos que perturban el ejercicio de los derechos y en particular el goce del derecho a la paz.

 

 

Para ello, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen salvaguardias especiales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados como la establecida en el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (reiterada en el art. 5 común al PDCP y al PDESC); dice esta disposición “Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que contiene derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar acciones tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración”. Este principio es la clave para evitar la exención de responsabilidad del Estado en la vigencia de los derechos humanos.

 

Cuando el Gobierno acude a los mecanismos constitucionales de participación ciudadana (Artículo 104 Constitución Política), para legitimar ciertas acciones o decisiones con la población, y estos resultan violatorios de los derechos humanos, el Estado no está obligado a cumplir sus resultados porque de hacerlo así, estaría violando esto derechos. Como la decisión de la Corte Constitucional se produce después de realizado el plebiscito de legitimación realizado el 2 de octubre del presente año, esta Corporación debe tener en cuenta en su decisión dichos resultados para que su  fallo no contribuya a la violación de los derechos contemplados en nuestra Carta Fundamental y en los tratados internacionales.

 

Así lo expresa la Corte cuando afirma que: “…el contenido del mandato popular expresado mediante dicho instrumento es de índole política, no normativa.  Por este mismo motivo, a través del plebiscito no pueden someterse a refrendación popular el contenido y alcance de los derechos fundamentales, pues estos tienen raigambre normativa superior y, a su vez, de estos se predica una naturaleza contra mayoritaria, incompatible con el sometimiento de su vigencia a la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos”. (Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 2016)

 

 

PETICIONES

 

En conclusión, consideramos que el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Presidente de la República y las FARC-EP el 26 de agosto de 2016, es un acuerdo integral que incorpora los acuerdos precedentes, tiene el carácter de un acuerdo especial en el marco del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1.949 y el protocolo adicional II que desarrolla esta disposición, para poner en marcha los convenios en lo que tiene relación con el conflicto armado no internacional que ha vivido el país durante más de cincuenta años. Este acuerdo desarrolla el DIH con el fin de restablecer derechos humanos conculcados por el conflicto, en particular los derechos de las víctimas y el derecho a la paz para todo el pueblo colombiano. En consecuencia es responsabilidad del Estado hacerlo cumplir independientemente de los resultados del acto de refrendación. El Gobierno tiene que poner en marcha este Acuerdo para eliminar el conflicto con este grupo armado porque su desarrollo es base fundamental para la realización de los derechos humanos señalados y en particular el derecho a la paz.

 

 

 

 

.

De igual forma solicitamos  muy respetuosamente que esta Honorable Corte establezca los estándares para la interpretación de:

  1. La naturaleza jurídica de “El Acuerdo General y Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” como Acuerdo Especial en el marco del artículo 3º Común a los Convenios de Ginebra de 1949.
  2. Las obligaciones surgidas a nivel nacional e internacional para el cumplimiento del Acuerdo Especial.
  3. Las competencias del Presidente de la República, el Congreso y la Corte Constitucional frente a este Acuerdo Especial

 

 

 

Ligia Galvis Ortiz

C.C. 20285261

Abogada U. Externado de Colombia

Doctora en Filosofía Universidad Católica de Lovaina

Docente y Consultora en Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario

Correo: ligiagal@gmail.com

 

 

 

Beatriz Londoño Toro

C.C. 43005956

Abogada UPB

Doctora en Derecho Universidad Complutense de Madrid

Profesora Titular Universidad del Rosario.

Directora Grupo de Investigación en Derechos Humanos

Correo:  Beatriz.londono@urosario.edu.co

 

 

 

Soraya Perez Portillo

C.C. 51722748

Abogada Universidad Externado de Colombia

Candidata a Doctorado en Estudios Políticos.  U. Externado

Correo:  Soraya.perez@uexternado.edu.co

 

 

 

Nicolás Felipe Mendoza Cerquera

C.C. 1019071630

Asistente de Investigación Grupo de Derechos Humanos

Universidad del Rosario

Correo:  Nicolas.mendoza@urosario.edu.co

 

 

 

 

Héctor Peña Díaz

C.C.  19338805

Abogado Universidad Santo Tomás

Especialista en DH y DIH Universidad Complutense de Madrid

Correo:  veramar1@yahoo.com

 

 

 

 

María Cristina Hurtado

C.C. 51614263

Abogada Universidad Nacional

Politóloga Universidad Javeriana

Especialista en Derechos Humanos de Infancia y Mujeres

Correo:  hurtadito5@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ibidem.

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