DEMOCRACIA

EL INSOMNIO DE LOS MILITARES

088c2811904449.562544e69eb3bPor Héctor Peña Díaz

Los generales sin uniforme dirigen una carta al Presidente* en la que expresan una serie de cuestionamientos en torno a la implementación del Acuerdo de paz con las FARC.

Una de las cosas que les quita el sueño a los militares es que los desmovilizados de la guerrilla y las comunidades donde han tenido influencia se conviertan en “Repúblicas independientes”, como denominara metafóricamente Gómez Hurtado en 1961 a los pequeños grupos de campesinos asentados en las montañas del Tolima que, frente a la represión del gobierno, iniciaron el éxodo que dio origen a las FARC, evidenciándose que el daño principal no fue la presencia de las autodefensas campesinas en Marquetalia, sino la equivocada respuesta del Estado.

Insistir en ello a estas alturas de la historia carece de objetividad, pues si en medio siglo de lucha con las armas en la mano las FARC no pudieron consolidar un territorio que tuviera las características de un Estado, mucho menos lo alcanzarían ahora sin armas.

A los militares, también los desvela, la posibilidad que desmovilizados de la guerrilla participen en las tareas de protección de sus propios miembros, pero esta medida no solo es lógica y necesaria en una primera fase del proceso a la luz de las experiencias de retaliaciones contra líderes que han dejado las armas en otros procesos de paz, o acaso, para mencionar un ejemplo reciente, ¿no estuvo implicado el DAS en el crimen de Pizarro? Pero quizás lo que no se preguntan, porque los siguen viendo solo como enemigos, es que después de combatirlos por más de medio siglo, ahora tendrán que cuidarlos como si fueran la niña de sus ojos. Ese es el deber profesional más allá de cualquier diferencia ideológica.

Pero lo que sí no deja dormir a los generales retirados es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) prevista en el Acuerdo de paz, en el sentido de que  se debe garantizar a los militares y policías un tratamiento diferenciado que materialice lo que ellos llaman “blindaje de seguridad jurídica”.  Digamos que en principio esa preocupación es legítima, siempre y cuando todos entendamos lo mismo sobre lo que significa tratamiento diferenciado. Si ello significa advertir la singularidad de la institución armada en una democracia dada su misión no delegable en el mantenimiento del orden constitucional y la integridad territorial; si además ello implica el reconocimiento de la gran responsabilidad que significa el uso de la fuerza legítima del Estado, no habría ninguna discrepancia. Pero si tratamiento diferenciado significa que se aplique una ley sustantiva distinta para cada una de las partes en conflicto y unos procedimientos que favorezcan más a unos que a otros y que todo ello se dé en detrimento de los derechos de las víctimas, habría que discutirlo a fondo.

El conflicto armado en Colombia, entre otras cosas, ha sido un velo denso que no ha permitido que aflore la verdad de lo ocurrido. Uno y otros se han justificado con la lógica implacable de la guerra y los fines que perseguían: la defensa de las instituciones y la lucha por la justicia social, según el actor que se tratare.  Es cierto que tenemos en todos estos años de conflicto la evidencia de un acumulado de destrucción y muerte que ha afectado sin excepción a todos los sectores de la sociedad. Es por ello que la verdad histórica es un desafío para la Justicia Especial para la Paz, sin ella la reparación a las víctimas no es posible y el modelo mismo de justicia transicional se vendría al suelo en mil pedazos.

La moneda de oro del proceso de paz es la verdad y permite su intercambio por un tratamiento más benigno y menos represivo, más restaurativo y menos punitivo. Pero nadie puede pretender cobijarse bajo las reglas de la justicia transicional solo para obtener un tratamiento más favorable a su caso sin entregar esa moneda de oro. Los militares saben por el sentido del honor militar que una persona que no diga la verdad estaría faltando gravemente a sus juramentos y esa condición sine qua non deshonraría el uniforme.

Todos hemos sido testigos de la evolución del derecho internacional, de como el concepto de soberanía nacional se ha relativizado y muchos asuntos en materia económica, ambiental, nuclear y de derechos humanos trascienden el interés particular de los Estados para ser cuestiones que interesan y afectan a la comunidad de naciones. En ese orden de ideas no existe ninguna posibilidad de aplicar solo el derecho interno de un Estado en esas materias como pareciese deducirse de la carta de los generales en relación con el Código Penal Colombiano.

Más aún, el mismo Código Penal remite a la legislación y jurisprudencia internacionales, tanto que el principal capítulo de delitos del que se ocuparía la justicia transicional es el Título II sobre DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, lo cual de suyo implica una referencia sustantiva a los Protocolos de Ginebra, como cuando por ejemplo en la descripción del delito de Homicidio en persona protegida consagra el artículo 135: «El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en…». Algo similar ocurre con los delitos de lesa humanidad, que a pesar de no estar definidos en el Código Penal como tales, sería necesario entonces para los jueces acudir al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para integrar sus postulados con las normas de derecho interno y fijar los alcances punitivos de dicha legislación.

Así queramos no se puede. No se puede armar un traje a nuestra medida con las normas internacionales. El sastre es universal y no puede diseñar trajes atendiendo solo a los intereses nacionales, pero sí permite que la justicia se ponga un vestido menos rígido en aras de consolidar una paz genuina que beneficie a todos. Vale la pena entonces transitar el camino de la justicia transicional, pero caminándolo en serio, con la verdad en los labios, con la actitud del que asume las responsabilidades que le caben y con la mano en los bolsillos, si fuere el caso,  para reparar a las víctimas.

No creo y discrepo de aquellos que piensan el proceso de paz como un ajuste de cuentas contra ciertos sectores que participaron en la guerra; hay que darle a cada cual lo suyo, mucho más en una escenario tan complejo y de conflicto tan prolongado en el tiempo, cuando de muchos crímenes se han desvanecido las pruebas que pudieran esclarecerlos y solo queda el recuerdo doloroso de sus víctimas. La justicia transicional ofrece una oportunidad única de entender lo que pasó, por ello las responsabilidades políticas de los actores de la guerra y la verdad histórica no son meros adornos, sino son en estricto sentido, el camino que hará posible la reconciliación entre los colombianos.

Los militares insisten en su carta al Presidente que hay que presumir de hecho la legalidad de las normas operacionales y advierten que la presencia de extranjeros en la Comisión que elegirá a los magistrados del Tribunal de Paz no les ofrece suficientes garantías de imparcialidad, por ser algunos de ellos contradictores del «tradicional pensamiento demócrata institucional», que para ser sinceros no logro saber de qué se trata. En algo se equivocan los señores Generales: discrepar de determinada doctrina militar, cuestionar procedimientos castrenses, exigir mayores controles del accionar de la fuerza pública, denunciar abusos de “ovejas descarriadas”, no es ser enemigo de los militares ni estar en contra de la institución. Pero, es cierto,  las sensibilidades de la guerra han hecho que cualquier crítica sea demonizada y percibida como una estratagema de la subversión, evadiéndose de ese modo las respuestas concretas que se deben dar a las denuncias y graduando de enemigos a quienes no lo son y mucho menos en una democracia que se precie de serlo.

Mirémoslo de otro modo. Dos instituciones claves para el mantenimiento de una democracia son la justicia y la seguridad en manos de jueces y militares, pero ninguna de las dos es en su conformación y  estructura, democrática. En algunos países y ciertas comunidades los jueces son elegidos por los ciudadanos, pero la norma general es la carrera judicial. En cuanto a los militares, existe una carrera basada en la antigüedad y el mando, donde los oficiales mandan y la tropa obedece. Por ello es imperativo, frente a esa naturaleza “no democrática”, un control permanente de los mecanismos civiles sobre la acción de la fuerza pública y muchísimo más en contextos de conflicto armado. Es como si tuviéramos un felino para cuidar nuestra casa y por más que lo hayamos criado desde pequeño, en apariencia esté domesticado y no ofrezca ningún peligro, en situaciones extremas puede aflorar su naturaleza salvaje (Verbigracia: Los militares están hechos para la guerra) y atacar lo que estorbe su paso.

Los generales en retiro demandan que no se señale como “enemigos de la paz” a quienes discrepan del contenido de los acuerdos con las FARC, petición que cualquier demócrata auténtico avalaría, siempre y cuando, esa discrepancia no esté aunada a un proyecto conspirativo para destruir los Acuerdos de paz. Aquí en Colombia hay más de uno que ha vivido de la guerra y que ya viudo de los negocios e intereses que colapsarían con su fin estaría dispuesto a socavar esa filigrana tan delicada que ha sido llegar a una solución política del conflicto.

Si uno mira las lista de los generales firmantes, no hay uno solo que haya comenzado su carrera después de la caída el muro de Berlín, todos son oficiales que se formaron en plena guerra fría bajo la bandera del anticomunismo y ello se percibe todavía en su lenguaje.

Pero un General es el resultado de un largo camino de por lo menos cuarenta años desde aquellos días en que, seguramente del brazo de sus padres, un adolescente con el menaje básico se matriculó en la escuela como “cabro u ovejo”,  luego al salir se gradúa como subteniente y comienza una itinerancia que lo llevara a conocer casi todo el territorio nacional, a ser interlocutor con muchos sectores sociales y a estar cerca de los problemas más acuciantes del país; de grado en grado son muchos los filtros que pasa hasta que salga humo blanco del cónclave de Generales que lo harán su par.

Los generales hacen la guerra pero no escriben memorias sobre su acontecer. Hay un vacío, un mapa que no se traza, no es suficiente disparar. Si los militares escribieran entenderíamos mucho  mejor el conflicto colombiano. El actual proceso de paz es una oportunidad excepcional para que los generales se trasnochen y nos cuenten lo que solo ellos pueden contar.

http://www.eltiempo.com/contenido/politica/justicia/ARCHIVO/ARCHIVO-16833351-0.pdf

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